SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-02451-00 del 23-09-2020 - Jurisprudencia - VLEX 849597142

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-02451-00 del 23-09-2020

Fecha de Resolución:23 de Septiembre de 2020
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Providencia:T 1100102030002020-02451-00
 
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente

STC7681-2020

Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02451-00

(Aprobado en sesión virtual de veintitrés de septiembre de dos mil veinte)

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Se decide la acción de tutela promovida por Luis Fernando Melo Ossa contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, extensiva al Juzgado Civil del Circuito de Calarcá, a cuyo trámite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que originó la queja.

ANTECEDENTES

1. El promotor del amparo reclamó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y «recta administración de justicia», presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada al dictar el fallo de segundo grado en el juicio ejecutivo seguido en su contra.

Pidió, entonces, se «revoque... la sentencia de... 5 de marzo de 2020», se «decrete la terminación del proceso... y ordene la condena en costas a [su] favor».

2. Son hechos relevantes para la definición del presente caso, los siguientes:

2.1. En el juicio ejecutivo que Martha del Carmen Cerón de Guerrero promovió contra el accionante -con apoyo en el acuerdo conciliatorio celebrado entre ellos el 13 de marzo de 2017-, surtidas las etapas de rigor, el 28 de agosto de 2019 el Juzgado Civil del Circuito de Calarcá dictó sentencia, en la cual ordenó seguir adelante el cobro, determinación que el pasado 5 de marzo confirmó el Tribunal convocado, al desatar la apelación propuesta por el deudor.

2.2. En sede de tutela el quejoso sostuvo que al decidirse continuar la ejecución se incurrió en defectos material, de carencia de motivación y de desconocimiento del precedente, en tanto que se pasó por alto que la obligación dineraria contenida en el acuerdo conciliatorio base de recaudo es inexigible, comoquiera que su antagonista no satisfizo la obligación de hacer que, según ese mismo documento, está a su cargo, consistente en desistir de la cesión que a su favor efectuó el ejecutado respecto a una parte de un crédito que cobra ante la Gobernación del Quindío, máxime cuando, el no cumplimiento previo de ello, lo deja expuesto «al riesgo de un doble cobro, tal como está ocurriendo en este momento, por existir un[o]... en sede judicial y otro por el mismo valor ($200.000.000) ante la Gobernación», es decir, se habilitó a la ejecutante para obtener un indebido doble pago, comoquiera que, en últimas, existe identidad entre la obligación exigida tanto en el proceso ejecutivo fustigado como ante el mentado ente territorial; en otras palabras, debió despacharse favorablemente la «exceptio non adimpleti contractus», porque «de acuerdo con el numeral cuarto del título valor (acuerdo de conciliación), [para su exigibilidad,] era menester, que la demandante hubiese desistido del cobro de la cesión de pago otorgada por el demandado para que cobrara ante la Gobernación».

Afirmó que el proceder del sentenciador, bajo una interpretación abiertamente errada, desatendió las normas sustanciales que gobiernan la materia, en especial, los cánones 1602 y 1959 a 1961 del Código Civil, evidenciándose que abandonó «las normas PACTA SUNT SERVANDA y las jurisprudenciales consagradas en la[s] sentencia[s] T-451 de 2018 de la... Corte Constitucional y... SC-2307 del 14 de febrero de 2018 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil», y cimentó su decisión «en situaciones hipotéticas y dislates», incursionando en claros falsos juicios de existencia al asumir que «el oficio que se debe dirigir a la Gobernación... lo podía radicar una cualquiera de las partes; lo cual no es así porque no surtiría efectos, pues es claro y taxativo en el acuerdo: que son las partes y no solo una de ellas la que se obliga»; y «al negar el planteamiento de bilateralidad..., pues... aquí SÍ se obligó la parte ejecutante al dejar plasmado en el acuerdo conciliatorio sus obligaciones como son: Notificar a la Gobernación... del desistimiento o la anulación, dejando sin efectos la cesión de crédito, con la comunicación; pues en el contrato quedó estipulado textual y taxativamente... Es decir la cesión de crédito sigue conservando sus efectos si no se comunica al deudor de la renuncia del derecho por parte de quien lo ostenta en ese momento».

Enfatizó, por ese sendero, que es erróneo indicar que «las partes mutaron con la obligación principal y solo como secuela de ello se siguió la neutralización de la cesión del crédito», pues lo que varió «fue el negocio primigenio..., no se trata de una obligación principal, son iguales de importantes los efectos de la anulación del crédito. Pues no se trataba de conciliar lo que se demandaba, sino también lo que se excepcionaba»; y que, «contrario a lo que afirma el Tribunal, si existen normas que obligan a que la comunicación dirigida al deudor Gobernación del Quindío de la anulación de la cesión de crédito sea suscrita por ambas partes, artículos 1602 del C.C. “Los contratos son ley para las partes…”, y en el caso concreto también aplican los artículos 1959, 1960 y 1961 del Código Civil (sic)».

Añadió que todo lo anterior es validado con la misiva que, con posterioridad al veredicto del ad-quem, le hizo llegar la Gobernación del Quindío, haciéndole saber que la comunicación a presentar ante ella, enterándola de la anulación de la cesión del crédito, para que surta efectos, debe provenir de «ambas partes».

3. La Corte admitió la demanda de amparo, ordenó librar las comunicaciones de rigor y rendir los informes a que alude el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS

1. El Juzgado Civil del Circuito de Calarcá pidió el despacho adverso de la salvaguarda porque «actuó de acuerdo con el principio del DEBIDO PROCESO y ha garantizado el derecho de defensa conforme lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y aplicando en derecho las normas de la acción de tutela y demás... concordantes, así como los antecedentes jurisprudenciales que consider[ó] aplicables al caso».

2. Martha del Carmen Cerón de Guerrero, a través de apoderado judicial, manifestó oponerse a las pretensiones del accionante por carecer «de fundamento legal y f[á]ctico, teniendo en cuenta que las entidades accionadas jamás, vulneraron el debido proceso y la recta administración de justicia».

CONSIDERACIONES

1. Al tenor del artículo 86 de la Carta Política, la tutela es un mecanismo instituido para la protección de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acción o la omisión ilegítima de una autoridad pública o, en determinadas hipótesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre de paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.

2. Verificados los medios de convicción obrantes en las presentes diligencias, se anticipa el fracaso de la salvaguarda propuesta, porque no luce arbitraria la sentencia del 5 de marzo de 2020, a través de la cual el Tribunal encausado confirmó la dictada el 28 de agosto de 2019 por el Juzgado Civil del Circuito de Calarcá, que ordenó seguir adelante el cobro en el juicio ejecutivo que le incoó Martha del Carmen Cerón de Guerrero.

2.1. En efecto, en esa providencia dicha Colegiatura previamente recapituló los antecedentes del caso, resaltando que:

Aunque inicialmente se procuró el cobro compulsivo de una letra de cambio que incorporó la suma de $200.000.000, fruto de la conciliación judicial de las partes, esa cifra se incluyó en un nuevo acuerdo aprobado por la juzgadora durante la audiencia del 13 de marzo 2017...; instrumento que se reclamó luego en virtud de las previsiones del inciso 4º del artículo 306 del Código General del Proceso y generó el mandamiento de pago por el mismo valor en capital, es decir, $200.000.000 y los intereses moratorios desde el 14 de septiembre de 2017, a la tasa máxima legalmente permitida...

El ejecutado... propuso las excepciones de pago por compensación y nulidad del acuerdo por incumplimiento contractual de los requisitos consagrados en él, para fundamentar los medios aludidos el ejecutado expuso que la demandante conserva otro título ejecutivo, pues ella se abstuvo de radicar la anulación de la cesión del crédito por el mismo valor ante la Gobernación del Quindío, de acuerdo con las estipulaciones de la conciliación, numeral 4°; luego, sostuvo que de acuerdo con los numerales 4 y 5 del mismo acuerdo,...

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