SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002020-01165-01 del 11-11-2020 - Jurisprudencia - VLEX 852013445

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002020-01165-01 del 11-11-2020

Fecha de Resolución:11 de Noviembre de 2020
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Providencia:T 1100102040002020-01165-01
 
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente

STC9913-2020

Radicación n° 11001-02-04-000-2020-01165-01

(Aprobado en sesión virtual de once de noviembre de dos mil veinte)

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el primero de septiembre de 2020 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acción de tutela promovida por Dayana Jassir de la Hoz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barraquilla y el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad, trámite al que se vinculó a las partes e intervinientes en el proceso atacado.

ANTECEDENTES

1. La promotora del amparo reclamó protección de sus garantías constitucionales al debido proceso, «contradicción de la prueba» e «igualdad de armas», que dice vulnerado por las autoridades judiciales convocadas, por lo que pidió que se ordene «la práctica de las pruebas en juicio».

2. Son hechos relevantes para la definición del presente asunto los siguientes:

2.1. Contra Dayana Jassir de la Hoz se adelanta proceso penal por los delitos de «homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y hurto calificado y agravado».

2.2. Mediante proveído del 13 de marzo de 2019, el juzgado accionado resolvió las solicitudes probatorias elevadas por las partes, decisión que apelaron la fiscalía, la procesada y las víctimas, siendo modificada por el Tribunal criticado con auto del 11 de marzo de 2020.

2.3. En síntesis, expresó la gestora del resguardo que los falladores enjuiciados accedieron al decreto de algunas de las pruebas que reclamó el ente acusador, desconociendo que no habían sido debidamente descubiertas y, además, «sin límite en la pertinencia», lo que «faculta a la Fiscalía para preguntar los temas que a bien tenga sin ser conocidos por la defensa».

2.4. Agregó que se le negó la práctica de elementos demostrativos, enfilados a acreditar «hipótesis alternativas»; y que las decisiones atacadas carecen de motivación.

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Procuradora 45 Judicial II Penal de Barraquilla solicitó negar la protección reclamada, «pues no se advierte groseras o burdas decisiones judiciales encuadrables dentro de las causales genéricas y específicas de procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales».

2. La abogada Yaneth Ortiz de Manotas, solicitó conceder el resguardo.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

El a quo denegó el resguardo, comoquiera que «ante la existencia de un proceso en curso, no puede inmiscuirse la Sala en tal disquisición pues desbordaría su competencia e invadiría la del juez natural…, debiendo [la promotora] aguardar a la emisión de la sentencia para conocer del estado de su requerimiento y de ser el caso ejercer los mecanismos que el estamento procesal penal le otorga».

LA IMPUGNACIÓN

Expresó la tutelante que deben tenerse por ciertos los hechos que fundaron su petición de amparo, de acuerdo a la presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991.

Por lo demás, esgrimió que es la acción de tutela el mecanismo adecuado para la garantía de los derechos que pregona comprometidos.

CONSIDERACIONES

1. Al tenor del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo singular establecido para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinadas hipótesis, de los particulares.

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisión por completo desviada del camino previamente señalado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado «vía de hecho», situación frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garantías esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las vías ordinarias de defensa, dado el carácter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.

2. En el caso que ocupa la atención de la Corte, de entrada se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protección, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obsérvese que ni siquiera se ha dictado sentencia de primera instancia.

Entonces, este no es el mecanismo idóneo para elucidar aspectos como los planteados por la promotora de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa...

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