Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51556 de 2 de Diciembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 250465986

Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51556 de 2 de Diciembre de 2010

Ponente:Dr.Sigifredo Espinosa Pérez
Fecha de Resolución: 2 de Diciembre de 2010
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:51556
Sentido del Fallo:NIEGA TUTELA
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. S.E.P.

Aprobado Acta No. 401.

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil diez.

VISTOS

Decide la Corte la acción de tutela instaurada, a través de apoderado, por A.M.M.P., en garantía de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIORDE TUNJA, SINDO vinculados el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE RAMIRIQUÍ.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Y ANTECEDENTES:

  1. En contra del accionante A.M.M.P.Z. el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE RAMIRIQUÍ, bajo las ritualidades procesales de la Ley 906 de 2004, se le adelantó un proceso penal por el delito de hurto calificado agravado tentado en concurso con porte ilegal de armas, en el cual fue condenado el 21 de julio de 2010 a la pena de 6 años de prisión, se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaría.

  2. La citada decisión fue apelada por el apoderado del accionante, quien el 28 de julio del año que avanza allegó el escrito de sustentación, por lo que el Juzgado de primera instancia remitió la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja.

  3. El 17 de agosto de 2010, la actuación fue repartida y asignada a un despacho de la Colegiatura accionada, sin que hasta el momento se hubiera pronunciado frente a la impugnación incoada.

  4. El accionante A.M.M.P. considera que el Tribunal demandado desconoce sus garantías fundamentales, toda vez que a pesar que la Ley 1395 de 2010 fija unos términos para decidir esta clase de recursos, lo cierto es que ya han transcurrido varios meses sin que se profiera decisión de fondo respecto de la apelación incoada en contra del fallo condenatorio de primer grado.

    Solicitó se le amparen sus derechos fundamentales, invocando por vía de la acción de tutela se ordene dar lectura inmediata a la sentencia de segunda instancia.

  5. En el trámite de esta acción constitucional intervinieron las autoridades accionadas, quienes rindieron informes sobre lo ocurrido en el caso seguido en contra del procesado.

    La Colegiatura demandada indicó que la mora en decidir el recurso incoado contra la sentencia de primera instancia, es producto de la congestión del despacho al que fue asignado, afirmando que ya se fijó fecha para dar lectura a la decisión adoptada.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Sala es competente para conocer de este asunto conforme a lo previsto en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 1382 de 2000, toda vez que en el curso del proceso penal cuestionado por vía de tutela, interviene la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja, del cual se tiene la calidad de superior funcional.

Ahora bien, recuérdese que la acción de tutela opera como un mecanismo eficiente de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que ellos resulten vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que determina la ley. Instrumento constitucional que guarda armonía con los artículos 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[1] y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2].

Siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de "ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad"[3] que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional[4].

Tan exigente es, que según la doctrina constitucional los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, ameritan:

  1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

  2. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA