Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43186 de 3 de Diciembre de 2014
| Sentido del fallo | CASA / CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL / CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA / DECLARA LA NULIDAD |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 43186 |
| Fecha | 03 Diciembre 2014 |
| Número de sentencia | sp16480-2014 |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Valledupar |
| Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
Magistrada ponente
SP 16480- 2014
Radicación N° 43186
(Aprobado Acta No. 420)
Bogotá D.C., diciembre tres (3) de dos mil catorce (2014).
VISTOS
la S. resuelve de fondo el recurso extraordinario de casación promovido por el defensor de N.H.V.U. contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Valledupar el 28 de mayo de 2007, a través de la cual revocó parcialmente la absolutoria dictada el 15 de noviembre de 2005 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad para en su lugar condenarlo por el delito de acceso carnal violento agravado, manteniendo la absolución a su favor por el punible de hurto calificado agravado.
HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES
En horas de la tarde del día 22 de agosto de 2004, la joven L.D.F.M., de 18 años de edad para esa época, y sus amigos F.V.P. y S.R.N.H., se dirigieron al balneario “H.” sobre el río Guatapurí, en inmediaciones de la ciudad de Valledupar. En el lugar, L.D. y Santiago se ubicaron por los lados del paraje denominado “Isla del amor”, cuando repentinamente fueron abordados por dos sujetos, quienes provistos de picos de botellas y con los rostros cubiertos, los sometieron, procediendo a amarrar a Santiago. La joven, por su parte, fue conducida a otro lugar donde fue accedida carnalmente por uno de ellos. Al poco tiempo, cuando reportaban el hecho a las autoridades de Policía, pasó un sujeto en bicicleta, siendo reconocido por las víctimas como uno de los agresores, ante lo cual los uniformados procedieron a su inmediata aprehensión, identificándose como N.H.V.U., quien argumentó que todo se trataba de una confusión.
Por razón de los sucesos narrados, se decretó la apertura de la correspondiente investigación penal dentro de la cual se vinculó, mediante diligencia de indagatoria, al mencionado N.H.V.U., a quien se resolvió su situación jurídica el 27 de agosto subsiguiente imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional.
Clausurado el ciclo instructivo, se calificó su mérito el 14 de diciembre de 2004 con resolución de acusación en contra de V.U. como posible coautor de los delitos de acceso carnal violento agravado (arts. 205, 211-1 del C.P.) y hurto calificado agravado (arts. 239, 240-2 y 4, 241-10).
Contra esta decisión, la defensa del acusado interpuso recurso de apelación del que luego desistió, manifestación aceptada mediante auto del 11 de enero de 2005.
Ejecutoriado el pliego acusatorio, prosiguió el diligenciamiento de la causa a cargo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, donde tuvieron realización las audiencias preparatoria y de juzgamiento. Al término de esa última, dicho despacho judicial dictó fallo de primer grado el 15 de noviembre de 2006 por cuyo medio absolvió a V.U. de los delitos comprendidos en la acusación.
Esta determinación fue impugnada por los representantes de la Fiscalía y del Ministerio Público. La primera fue declarada desierta por falta de sustentación mediante auto del 12 de diciembre siguiente, mientras que la segunda se concedió con proveído de 11 de enero de 2006, siendo desatada por el Tribunal Superior de la misma ciudad el 28 de mayo de 2007 en sentido de revocar parcialmente el fallo en cuanto al punible de acceso carnal violento agravado y, en su lugar, condenar al implicado como coautor de esta infracción a la pena principal de ciento veintiocho (128) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo período. Así mismo, le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustitutivo de la prisión domiciliaria, al tiempo que dispuso “confirmar la absolución de que fue objeto dicho señor por el delito de hurto calificado agravado”.
Inconforme con la sentencia del ad-quem, la defensa del implicado, en forma exclusiva, promovió en su contra recurso extraordinario de casación, mediante demanda oportunamente allegada, por lo que se ordenó, mediante auto del 21 de septiembre de 2007, su remisión a esta Corporación.
No obstante lo anterior, se logró establecer, merced a derecho de petición presentado el 17 de julio de 2013 por el defensor donde abogaba por el trámite de la reconstrucción del expediente, que la actuación no fue enviada a esta Colegiatura.
En ese orden, el Tribunal dispuso la pretendida reconstrucción y requirió del juzgado de conocimiento copias de la actuación; una vez obtenidas, mediante auto de enero 27 de 2014, nuevamente ordenó su envío a esta Corporación y la correlativa compulsa de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación “a fin de que se investigue la posible comisión de un delito con la pérdida del expediente referido”.
Mediante auto del 19 de febrero siguiente, la S. admitió el primer cargo de la demanda de casación e inadmitió el segundo, motivo por el cual ordenó el envío de la actuación a la Procuraduría Delegada para que emitiera concepto en relación con el cargo admitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.
La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, en su concepto[1] depreca casar el fallo impugnado.
LA DEMANDA
En el primer cargo (único admitido), sustentado en la causal tercera de casación contemplada en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, por nulidad, advierte el defensor la vulneración del debido proceso “en la ejecutoria material de la sentencia de primera instancia, habiéndosele dado una competencia funcional al superior, en este caso el Honorable Tribunal, que en ese momento ya no tenía”.
Lo anterior, reseña el libelista, porque luego de haberse notificado personalmente la sentencia de primer grado a los sujetos procesales y sin que, como así lo ha dispuesto esta Corporación, se hubiera fijado edicto para ese propósito, se surtieron los términos legales de interposición y sustentación del recurso, encontrándose que el Ministerio Público presentó escrito de forma extemporánea.
Advierte que aun cuando la sustentación aludida fue allegada dentro del término estipulado en una constancia secretarial, éstas no tienen carácter vinculante cuando contrarían la ley, conforme lo ha precisado esta Colegiatura. En consecuencia, ha debido declararse desierto el recurso por extemporáneo, lo cual entrañó quebranto del debido proceso, pues se otorgó al Tribunal una competencia funcional de la que carecía.
Con ello, dice, se infringieron los artículos 13 y 29 de la Carta Política; 187 y 194 de la Ley 600 de 2000 “y demás normas concordantes y aplicables al caso, al igual que la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia”.
Por lo anterior, solicita se case parcialmente el fallo impugnado “y se deje con plena seguridad jurídica el fallo de primera instancia…y se decrete la deserción de la sustentación del recurso de apelación, interpuesto por el agente del Ministerio Público…por haber sido presentado extemporáneamente, tal y como se decretó el del representante de la Fiscalía”.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Comienza por destacar que los términos legales son oportunidades para que los sujetos procesales ejerzan sus derechos y desarrollen las demás actuaciones conferidas por la ley, cuyo límite devela una forma de ponderar y racionalizar el tiempo de la actuación procesal y así cumplir los fines del Estado y las garantías constitucionales a una recta, pronta y cumplida impartición de justicia.
Los términos, pregona a continuación, se pueden clasificar en legales y judiciales. En cuanto a los primeros, precisa que no dan lugar a interpretaciones por parte del órgano judicial, mientras los segundos son asignados por la discrecionalidad del juez o fallador o producto del...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47474 de 18 de Enero de 2017
...constatar que la información suministrada por las autoridades judiciales sea correcta. Posteriormente, en la providencia CSJ SP del 3 de diciembre de 2014, rad. 43186 – Ley 600 de 2000-, la Corte precisó que si bien las constancias secretariales no pueden alterar los términos legales «porqu......
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45143 de 16 de Diciembre de 2015
...mes y año. Equívoco que suscitó alteración en el conteo de los términos y sobre el cual la postura de la Sala ha sido que: (CSJ SP16480-2014. 3 dic. 2014. Radicado 43186): …las constancias de los servidores judiciales dejadas en desarrollo de sus labores no revisten la entidad de alterar lo......
-
Auto Nº 76-109-60-00-163-2018-00396-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 12-06-2019
...no se le pueden trasladarla la Parte] las consecuencias del defecto, en virtud del principio de confianza legítima.”1 2 1 CSJ SP del 3 de diciembre de 2014, rad. 43186. 2 CSJ AP122-2017 del 18 de enero del Radicación: 76i 09-60-00-163-2018-00396-01/AC-238-19 Acusado: Yorchi Maelo Sánchez Es......