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Providencia Mixta de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45894 de 29 de Julio de 2015

Ponente:José Leonidas Bustos Martínez
Fecha de Resolución:29 de Julio de 2015
Emisor:Sala de Casación Penal
Número de Proceso:45894
Número de Providencia:SP9798-2015
Sentido del Fallo:INADMITE / CASA PARCIALMENTE
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, de 29 de Septiembre de 2014
RESUMEN

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL - Modalidades FALSO JUICIO DE EXISTENCIA - Por suposición: técnica en casación FALSO JUICIO DE IDENTIDAD - Modalidades: tecnica en casación FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY - Técnica en casación VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL - No se configura por la discrepancia de criterios CASACIÓN ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).

Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de las demandas de casación presentadas a nombre de los procesados J.C.B., E.L.Q.G., C.C.G.P. y JUSTO R.L.S., contra la sentencia condenatoria de segunda instancia proferida el veintinueve de septiembre de dos mil catorce por el T.unal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Los hechos fueron declarados por el T.unal de la manera siguiente:

Según se reseña en la resolución de acusación, el 23 de abril de 1998, ante la Inspección Octava de Trabajo de la Seccional Cundinamarca, E.L.Q.G. apoderada de 8 ex trabajadores de la empresa “Puertos de Colombia”, y L.D.V.C., en representación del “FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA –FONCOLPUERTOS-”, suscribieron acta de conciliación – N° 22-, a través de la cual se acordó el pago de sentencias y mandamientos ejecutivos proferidos por los Juzgados 1°, 2°, 4°, 6° y 8° Laborales del Circuito de Barranquilla, en procesos instaurados en nombre de aquellos por los abogados J.C.B., C.C.G.P., J.E.P.P., JUSTO R.L.S. y M.D.C.A.L., en los que se demandó el reajuste de prestaciones sociales y mesada pensional no adeudadas realmente por la citada empresa.

No obstante, S.A.B.D. General de la Entidad, ordenó el cumplimiento del acuerdo con Resoluciones 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254 y 12 de 7 de mayo de 1998, recogidas por el acto administrativo 2070 expedido el 20 del mismo mes y año, que se canceló a Q.G. a través de Títulos de Tesorería TES Clase B, con registro del Banco de la República D.C.V. 138-00-2-001048-8 Serfinco por un valor de $643.700.000.oo.

Los fallos que fundamentaron dicha conciliación los revocó el superior al surtirse, aunque tardíamente, el grado jurisdiccional consulta.

1.3.- Agotada la fase correspondiente a la instrucción y previa clausura de ésta2, el 30 de junio de 2010 la F.ía Segunda Delegada de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública –Estructura de Apoyo para Foncolpuertos- con sede en Bogotá, calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación en contra de los procesados J.C.B., JUSTO R.L.S., M.D.C.A.L. y ENNA L.Q., como presuntos determinadores responsables del delito de peculado por apropiación agravado, y en contra de los procesados C.C.G.P. y J.E.P.P., como determinadores del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de peculado por apropiación agravado, al tiempo que precluyó la investigación respecto de la procesada ENNA L.Q.G. por el delito de prevaricato por acción, mediante determinación3 que el 27 de septiembre de 2010 el F. 50 Delegado ante el T.unal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, confirmó íntegramente al conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra ella4.

1.4.- La etapa de juicio fue asumida inicialmente por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá, y posteriormente por los Juzgados 22, 49 y 51 de la misma especialidad. En el Juzgado 22 Penal del Circuito, por virtud de la aceptación de cargos del procesado J.E.P.P., se dispuso la ruptura de la unidad procesal5 y la continuación del trámite ordinario respecto de los demás enjuiciados llevándose a cabo la correspondiente vista pública6, y posteriormente por el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito el 28 de junio de 2013 se puso fin a la instancia condenando a los procesados J.C.B., JUSTO R.L.S., M.D.C.A.L. y ENNA L.Q.G. a las penas principales de ciento veinte (120) meses de prisión y multa en cuantía de $643.700.000.00, como consecuencia de encontrarlos determinadores penalmente responsables del delito de peculado por apropiación, agravado, a ellos imputado en la resolución de acusación.

Asimismo condenó al procesado C.C.G.P., a las penas principales de 160 meses de prisión y multa en cuantía de $643.700.000.00, como consecuencia de encontrarlo determinador penalmente responsable del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de peculado por apropiación–agravado, entre otras determinaciones7.

1.4.- Recurrida esta decisión por la defensa de los procesados J.C.B., E.L.Q.G., C.C.G.P., JUSTO R.L.S. y M.D.C.A.L., el T.unal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio del fallo proferido el 29 de septiembre de 2014 decidió modificarlo en el sentido de:

CONDENAR a J.C.B. a la pena principal de 48 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, >.

CONDENAR a JUSTO R.L.S. a la pena principal de 40 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, >.

Decidió, igualmente >.

CONDENAR al procesado C.C.G.P. a la pena principal de 96 meses de prisión y multa en cuantía de $208.700.000.oo, >.

CONDENAR a ENNA L.Q.G. a 96 meses de prisión >.

Anotó que >.

Asimismo, resolvió >.

Finalmente, entre otras determinaciones, resolvió negar a la procesada ENNA L.Q.G. el sustituto de la prisión domiciliaria, al conocer en segunda instancia de la apelación interpuesta9.

1.5.- Contra el fallo del T.unal, los procesados abogados C.C.G.P. y JUSTO R.L.S., así como los defensores de ENNA L.Q.G. y J.C.B., interpusieron oportunamente recurso extraordinario de casación, presentándose las correspondientes demandas10, sobre cuya admisibilidad se pronuncia la Corte.

De igual manera, la apoderada de la parte civil constituida en el proceso a nombre de la Unidad Administrativa Especial de gestión pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, interpuso recurso extraordinario de casación11, pero posteriormente exteriorizó su voluntad de desistir del mismo12, lo cual fue aceptado por el T.unal.

  1. - LAS DEMANDAS

    2.1.- A nombre del procesado C.C.G.P..

    Este procesado, en su condición de profesional del derecho, presenta la correspondiente demanda de casación contra el fallo del T.unal, en la cual, después de identificar los sujetos procesales y la providencia materia de impugnación, así como resumir los hechos y la actuación llevada a cabo en las instancias, dos cargos formula contra el fallo del T.unal.

    En el primer cargo denuncia > por el fallo, a consecuencia de incurrir el sentenciador en >.

    Sostiene que si el sentenciador hubiese realizado >, habría encontrado que >, sino, como interviniente (coautor), como, según dice, es admitido por el sentenciador de segunda instancia cuando expresa que los acusados se concertaron realizando diversas tareas mediante división del trabajo.

    Considera importante resaltar que el tipo penal por cuya realización fue acusado, exige la presencia de un sujeto activo cualificado, que se trate de servidor público, condición que en su caso no concurre.

    Refiere que como se indica en la cronología de los hechos, el recurrente >, condiciones en las cuales no resulta posible que se le tenga como determinador sino como interviniente, pues en la ejecución de los actos participaron varias personas.

    El segundo cargo, formulado con apoyo en la causal primera de casación para denunciar >, refiere que en el evento de que llegue a confirmar la declaración de condena por parte del ad quem, >.

    Pregona que el T.unal dejó de aplicar las disposiciones antes mencionadas, al sostener que el recurrente actuó como determinador, > y que por lo mismo dicha situación coincide con las previsiones del inciso 2º del artículo 29 del Código Penal por tratarse de COAUTOR, por lo cual >, máxime si en su concepto, > según fue considerado por la Corte en el pronunciamiento que menciona.

    Manifiesta que >.

    Con fundamento en lo expuesto, solicita a la Corte, casar el fallo impugnado, >.

    2.2.- A nombre del procesado J.C.B..

    El defensor de este procesado, en la demanda formulada comienza por identificar los sujetos procesales y la sentencia objeto de impugnación, así como resumir los hechos materia de juzgamiento y la actuación procesal llevada a cabo, después de lo cual manifiesta que formula dos cargos contra el fallo de segunda instancia.

    En el acápite que destina a la >, el libelista manifiesta que en el primer cargo, invoca >, y que el segundo lo formula >.

    Con la pretensión de darle desarrollo a dichos enunciados, con relación al primer cargo sostiene que el error de hecho por falso juicio de identidad se patentiza en la sentencia de segunda instancia, en tanto consideró el T.unal que los mandamientos de pago de los juzgados 1º, 2º, 4º, 6º, y 8º Laborales del Circuito de Barranquilla, fueron emitidos de manera apresurada por los dispensadores judiciales y sin que las decisiones fundamento del mandamiento ejecutivo hubieran adquirido ejecutoria, al no haberse surtido el grado jurisdiccional de consulta, >.

    Considera necesario afirmar que respecto de las decisiones ordinarias emitidas por los Juzgados Laborales del Circuito de Barranquilla, para la fecha de su promulgación, el criterio jurídico en el país era que el Artículo 69 del Código Laboral que establecía el grado jurisdiccional de consulta, no aplicaba en fallos adversos a establecimientos públicos, pero los sentenciadores les hicieron decir lo contrario.

    Sostiene que la línea jurisprudencial imperante para los años 1996 y 1997, período en que, según dice, se generaron las decisiones ordinarias que dieron lugar a la expedición de los mandamientos de pago base de la conciliación No. 22 a través de la cual se acordó la cancelación de la sentencia y mandamiento ejecutivo, puesto que el criterio dominante al respecto, lo apuntó la Corte Constitucional en la Sentencia SU 962 de 1999, era el que desde 1956 había adoptado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de C.ación Laboral, esto es, que la consulta consagrada en el Art. 69 del Código Procesal Laboral, en el caso de sentencia contraria a la nación, departamento o municipio, no aplicaba frente a las que desfavorecían a Foncolpuertos por tratarse de un establecimiento público.

    Considera manifiesto que los juzgadores >. Agrega que esta...

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