Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de Decisión de Tutelas nº T 92909 de 8 de Agosto de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 692865393

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de Decisión de Tutelas nº T 92909 de 8 de Agosto de 2017

Fecha de Resolución: 8 de Agosto de 2017
Emisor:Sala de Casación Penal - Sala de Decisión de Tutelas
Número de Proceso:T 92909
Número de Providencia:STP12058-2017
Sentido del Fallo:CONFIRMA NIEGA TUTELA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Penal
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Santa Rosa de Viterbo

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente

STP12058-2017

Radicación No 92909

(Aprobado Acta No.244)

Bogotá. D.C., ocho (8) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

La Sala decide la impugnación interpuesta por J.B.R.R., a través de apoderado, contra el fallo proferido el 9 de junio de 2017, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante el cual declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por los Juzgados Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Segundo Penal del Circuito de Duitama, Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Rosa de Viterbo, el Cuerpo Técnico de Investigación, la Fiscalía Octava Seccional y la Defensoría Pública de Boyacá.

Trámite al cual fue vinculado el Juzgado Segundo Civil Municipal de Duitama, así como las partes e intervinientes dentro el proceso ejecutivo con radicación 2009-0468 y del proceso penal 1523860002122013-01362, tramitado ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama.

ANTECEDENTES

Y

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Así fueron sintetizados los fundamentos de la acción en el fallo constitucional de primera instancia:

El 22 de mayo de 2017, el actor, interno en el Establecimiento C.E.P.M.S.C. de Santa Rosa de Viterbo, a través de apoderado, instauró acción de tutela… por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, libertad personal y buen nombre, por la tramitación irregular de la investigación penal y juzgamiento, solicitando se declare la nulidad de la sentencia proferida en contra del accionante y de toda la actuación, dentro del proceso penal, que por el punible de prevaricato por apropiación se adelantó en contra del señor J.B. RINCÓN RINCÓN en el Juzgado 2º Penal del Circuito de Duitama, radicado bajo el Nº CUI 152386000212201301362 y, en consecuencia, de lo anterior ordenar reanudar la investigación de los hechos y la vinculación en forma personal del accionante mediante indagatoria (sic), con la posibilidad de designar un abogado que lo asista en debida forma durante todo el trámite, se emita la orden inmediata de libertad del actor del establecimiento carcelario E.P.M.S.C. de Santa Rosa de Viterbo y adopte cualquier otra determinación, que tenga por objeto restituir de manera inmediata los derechos constitucionales fundamentales del accionante.[1][2]

EL FALLO IMPUGNADO

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, luego de efectuar un recuento de la actuación procesal, resolvió denegar la protección deprecada, pues «las autoridades judiciales correspondientes desplegaron las diligencias pertinentes para lograr la notificación del investigado penalmente; y dicha obligación se debe entender constitucional y razonablemente extinguida ante la verificación de la entidad pública respectiva, de que no fue posible ubicar al accionante y que se acudió al Juez de Control de Garantías con el fin de que se declarara persona ausente».

Por otra parte, concluyó que no se presentó la supuesta falta de defensa técnica, alegada por el accionante, toda vez que el reparo se funda en el cambio de estrategia defensiva, lo que no significa que exista una verdadera afrenta a dicha prerrogativa.[3]

LA IMPUGNACIÓN

  1. - El abogado del accionante no estuvo de acuerdo con la anterior decisión, por cuanto el a quo no analizó debidamente la problemática planteada, toda vez que se limitó a verificar la existencia de dos informes referidos a la imposibilidad de localizar al procesado, con los cuales finalmente se efectuó la «declaratoria de reo ausente», con lo que estimó que se agotaron adecuadamente las labores de búsqueda; siendo que la ubicación del acusado se exige durante todas la etapas de la actuación.

    Disintió del argumento con el que se desvirtuó la afectación a la defensa técnica, pues en su criterio, precisamente, «los argumentos, pruebas, casos concretos y estrategias de defensa que se han planteado en el escrito de tutela, constituyen precisamente las demostraciones de esta ausencia de defensa técnica y no situaciones como yo las hubiera adelantado».

    Adujo que el Tribunal no valoró los elementos probatorios que daban cuenta de que en el proceso penal faltó adelantar pesquisas tendientes a establecer el lugar en que se hallaban los elementos afectados con la medida cautelar de secuestro, lo cual evidencia que el funcionario judicial «tenía serios motivos de duda a ese respecto, los que hubiera podido despejar, con una mínima labor y que la defensa también pudo haber alegado en favor de mi prohijado, todo esto demuestra la incuria del defensor y la pasividad de los funcionarios judiciales, frente a un importante aspecto que definiría el hecho punible, por el cual se terminó condenando injustamente» a su representado.

  2. - J.B. RINCÓN RINCÓN impugnó el fallo de primera instancia porque considera que existe vulneración del debido proceso, toda vez que no se siguieron los parámetros legales para declararlo contumaz, tampoco contó con una debida defensa técnica, pues la misma fue deficiente, no se solicitaron pruebas ni se efectuó una estrategia adecuada, por lo que considera, debe anularse la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA