Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 6600122130002018-00014-01 de 28 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 704357385

Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 6600122130002018-00014-01 de 28 de Febrero de 2018

Fecha de Resolución:28 de Febrero de 2018
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Proceso:T 6600122130002018-00014-01
Número de Providencia:ATC570-2018
Sentido del Fallo:DECLARACIÓN DE NULIDAD
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, de 8 de Febrero de 2018
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Pereira

 
ÍNDICE
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A.W.Q.M.

Magistrado ponente

ATC570-2018

Radicación n° 66001-22-13-000-2018-00014-01

(Aprobado en sesión de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho)

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Correspondería decidir la impugnación interpuesta frente al fallo proferido el 8 de febrero de 2018 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira dentro de la acción de tutela promovida por J.E.I. contra la Procuraduría General de la Nación; si no fuera porque se observa que en primera instancia se incurrió en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse:

ANTECEDENTES
  1. El promotor reclamó la protección de su derecho a la igualdad y «buena fe» en las actuaciones administrativas, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.

    En consecuencia, solicitó ordenar al querellado «[aclarar] en derecho…, si cumplen su función [y] deber los procuradores delegados en Manizales…al [negarse] a requerir a los alcaldes el cumplimiento de las sentencias en [acciones] populares», del mismo modo, si «existió extralimitación de poder de la Procuraduría del Tolima», cuando obró en sentido contrario, haciendo estos tipos de requerimientos a las autoridades locales.

    Pidió de igual modo pronunciamiento del entutelado, con relación al tema de la asistencia de los procuradores a la audiencia de pacto de cumplimiento en las precitadas acciones y lo potestativo que es del juez, el compulsar copias por este motivo.

  2. J.E.I. recibió respuesta por «los…procuradores delegados en la ciudad de Manizales…[en el sentido] que [no] es función de los [ellos]…en acciones populares[,]…[requerir] a los alcaldes para que procedan a cancelar los incentivos ordenados», pues en sentir del accionante, rayan con el «[desconocimiento de la] ley 734/02».

    En contraposición, el petente expuso el caso de la Procuradora Gloria Esperanza Millán Delegada en el Tolima, que «de manera garantista» sí requiere a los alcaldes para que honren esos pagos.

  3. En decisión mayoritaria del 8 de febrero de 2018, la Sala de Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, negó el resguardo esencialmente porque el querellante no solicitó primeramente ante la autoridad convocada lo rogado por esta vía sumaria.

  4. El gestor impugnó el fallo.

CONSIDERACIONES
  1. Del relato fáctico expuesto en la demanda de amparo y las documentales adosadas a la misma, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporación para decidir la impugnación del presente asunto, pues la actuación surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carecía de aquella para tramitarla en primer grado, todo lo cual se derivó del error en que incurrió la oficina judicial que efectuó el reparto de la acción.

    En efecto, al observar que el presente ruego constitucional se formuló el pasado 25 de enero, para el reparto del mismo resultaban aplicables los parámetros establecidos en el Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 -por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, el que en su artículo 3º, al mudar la última disposición citada, claramente contempló que «[l]as reglas contenidas en el presente capítulo sólo se aplicarán a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 30 de noviembre de 2017…».

    Además, en lo que aquí interesa, el Decreto en comento, emitido el pasado año, al modificar el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, determinó que:

    …conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

  2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales.

  3. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría…

  4. Ahora, el promotor pretende obtener una manifestación o concepto acerca de algunas conductas desplegadas por ciertos Procuradores Delegados en acciones populares, pero si bien, la demanda de tutela dice enfilarse contra el «Sr. Procurador General [de la] Nación», lo cierto es que comoquiera que no va dirigida a determinada persona, la Corte entiende que se direccionó contra la Procuraduría General de la Nación como institución.

    Luego, atendiendo a la naturaleza jurídica del informado ente de control, esto es, una autoridad del «orden nacional», rápidamente se advierte que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspondía a los Juzgados Civiles del Circuito de P., acorde con las reglas consagradas en los ya citados numerales 2 y 11 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017 -vigente para el momento de la interposición de la presente solicitud de amparo-).

  5. En consecuencia, el fallo proferido en este trámite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. está viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992.

    Al respecto ha señalado esta Colegiatura que:

    El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, constituye una decisión «nula», la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es «improrrogable», tal como lo dispone el inciso 1º del artículo 16 del referido estatuto adjetivo[1], por lo que el funcionario que advierta esa anomalía está obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al trámite de la acción de tutela de conformidad con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992.[2] (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016)

  6. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar «nulidades» a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporación precisó que:

  7. La situación descrita permite la aplicación del canon 138 del Código General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acción de tutela en virtud de lo consagrado en el artículo 4° del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretación de los preceptos regulatorios de dicho trámite, en cuanto no contraríe sus propias disposiciones.

  8. Bajo la égida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasión de puntualizar:

    “(…) respecto a que los jueces ‘no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000’ el cual ‘(…) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto (…), [pues para esta Corporación el aludido Decreto] reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes”.

    “[Por lo tanto,] “(…) aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 A de 2007), ‘el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’ (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)” (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01).

  9. En atención a lo expuesto, se dispondrá la remisión de la queja a los Juzgados Civiles del Circuito de P., de acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver el reclamo constitucional.

DECISIÓN

Por lo decantado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve:

  1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 8 de febrero de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P. en la presente acción de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisión, en los términos del inciso 1º del artículo 16 del Código General del Proceso.

  2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de P., para que efectuada la asignación correspondiente, se imprima al asunto el trámite de primera instancia de rigor.

  3. C. lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

OCTAVIO AGUSTO TEJEIRO DUQUE

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

[1] «ARTÍCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo». [Se subrayó].

[2] Ese aparte normativo fue incluido en el Artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes enseñaba que, «para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (…), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto», se aplicarían los principios generales del Código de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a éste estatuto sino al Código General del Proceso.

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