Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 2300122140002018-00177-01 de 18 de Enero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 762826501

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 2300122140002018-00177-01 de 18 de Enero de 2019

Fecha de Resolución:18 de Enero de 2019
Emisor:Sala de Casación Civil y Agraria
Número de Proceso:T 2300122140002018-00177-01
Número de Providencia:STC210-2019
Sentido del Fallo:CONFIRMA NIEGA TUTELA
Historial del Caso:Resuelve recurso contra sentencia de Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, Sala Civil-Familia-Laboral, de 8 de Noviembre de 2018
RESUMEN

Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia - Laboral de Montería

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L.A.T.V.

Magistrado ponente

STC210-2019

Radicación n.° 23001-22-14-000-2018-00177-01

(Aprobado en sesión de dieciséis de enero de dos mil diecinueve)

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Decide la Corte la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2018, por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en la salvaguarda promovida por R. de J.F.B. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté -Córdoba-, con ocasión del compulsivo iniciado por J.F.P. frente al aquí actor.

ANTECEDENTES
  1. El peticionario procura el amparo de los derechos al debido proceso, igualdad y “seguridad jurídica”, presuntamente quebrantados por la autoridad jurisdiccional acusada.

  2. En apoyo de su reparo, afirma que dentro del decurso reprochado se pretendió el recaudo de $300.000.000, más intereses, originados en un préstamo a él realizado, garantizado con tres pagarés y una hipoteca sobre un predio ubicado en Cereté.

    Anota que no se pronunció frente al libelo porque “(…) en verdad había incumplido (…)” con la cancelación de la obligación, además, consideró que con el inmueble gravado podía sufragar lo adeudado y le sobraba dinero.

    Expone que se “sorprendió” cuando evidenció el monto del avalúo del bien presentado por su contraparte, pues éste no superaba $250.000.000, valor inferior al determinado para la citada hipoteca, dado que, para ese negocio un perito en el 2015, fijó el precio en $1.280.000.000.

    Indica que aportó dicha experticia al pleito cuestionado y solicitó la práctica de un justiprecio comercial del terreno. El despacho designó para ese efecto a un miembro de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá; sin embargo, se acogió la oposición manifestada por el ejecutante a tal designación y se nombró a una perito de la lista de auxiliares de la justicia.

    Esta última, arrimó una experticia por $176.300.000, “(…) utilizando para ello el método comparativo del mercado (…)”.

    Dicho trabajo no fue aclarado y el juzgado terminó aprobándolo el 11 de diciembre de 2017.

    Formuló reposición y apelación contra ese pronunciamiento; el primer remedio se negó y el segundo no fue concedido. Incoó, entonces, la queja respectiva y pagó las copias a su cargo; sin embargo, a la fecha de esta acción, no han sido remitidas las diligencias al superior para lo pertinente.

    Con la actuación descrita, según señala, se incurrió en vía de hecho, pues se desconoció “(…) el principio de causarle el mínimo sacrificio patrimonial a los deudores (…)”, conforme a lo establecido en la sentencia T-531 de 2010 de la Corte Constitucional y, además, se relegó averiguar el costo real del inmueble cautelado (fls. 1 al 7, cdno. 1).

  3. Pide, para evitar un perjuicio irremediable dejar sin efecto las decisiones reseñadas (fl. 7, cdno. 1).

    Respuesta del accionado

    El estrado atacado se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto no ha lesionado las garantías del querellante. Indicó que aprobó el avalúo allegado por la perito designada por el despacho el 11 de diciembre de 2017, determinación ratificada, en sede de reposición, el 19 de abril de 2018. Agregó haber enviado al tribunal el recurso de queja impetrado por el censor frente a la fijación del remate (fls. 96 y 97, ídem).

    La sentencia impugnada

    El a quo constitucional denegó la protección porque no halló arbitrariedad en la gestión del fallador denunciado. Anotó que la censura resultaba “meramente patrimonial” “(…) porque la problemática gira en torno al desacuerdo del actor con el valor asignado al inmueble (…)” hipotecado.

    Añadió el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el quejoso presentó su avalúo extemporáneamente y dado que se halla en trámite el remedio de queja propuesto (fls. 111 al 114, cdno. 1).

    La impugnación

    El censor impugnó con argumentos análogos a los vertidos en el libelo introductor. Adicionalmente, resaltó que el tribunal no se pronunció sobre todos sus cuestionamientos y no tuvo en cuenta la sentencia T-531 de 2010 de la Corte Constitucional, asimilable a su caso (fls. 117 al 120, cdno. 1).

2. CONSIDERACIONES
  1. Revisadas las pruebas adosadas, se concluye el fracaso de la salvaguarda propuesta por incumplir los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad.

  2. Sobre el primero, se constata que el 15 de marzo de 2017, los avalúos allegados tanto por el ejecutante, como por el demandado, aquí actor, no fueron acogidos por extemporáneos, decisión donde, además, se determinó la designación de un experto para el efecto; sin embargo, el querellante sólo activó esta acción hasta el 26 de octubre de 2018, esto es, luego de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA