Auto de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2019-03143-00 de 26 de Septiembre de 2019
| Sentido del fallo | DIRIME CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Número de sentencia | AC4116-2019 |
| Número de expediente | 11001-02-03-000-2019-03143-00 |
| Fecha | 26 Septiembre 2019 |
| Tribunal de Origen | Juzgado Civil de Circuito de Cali |
| Tipo de proceso | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL |
AC4116-2019
Radicación n.° 11001-02-03-000-2019-03143-00
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
Procede la Corte a decidir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá y su homólogo Décimo del Circuito de Cali, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S. contra Unisa Unión Inmobiliaria S.A.
- ANTECEDENTES
1. En su escrito inicial, dirigido a los jueces civiles del circuito de esta capital, la actora pretendió «que se libre mandamiento de pago en favor de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. en calidad de administradora del FRISCO (...) por la suma de $268.881.523[,] correspondiente a la obligación contenida en la Resolución No. 0595 del 30 de abril de 2019».
En el acápite sobre competencia, afirmó que esta venía dada «por el factor subjetivo, por la calidad de la parte demandante (...), la cual (...) es una sociedad de economía mixta, y por consiguiente, se entenderá que se trata de una entidad pública».
2. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, a quien inicialmente le fue repartida la demanda, la rechazó, tras considerar que «el domicilio del demandado (...) es Cali Valle (sic)».
3. El estrado receptor, Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali, rehusó asumir el conocimiento del caso, argumentando que existe una regla de asignación prevalente, dado que la demandante «es una entidad descentralizada por servicios».
Con esos fundamentos, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
- CONSIDERACIONES
- Aptitud legal para la resolución
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
2. Anotaciones sobre la competencia.
En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito[1], o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia[2].
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 15[3] y 25[4] del estatuto procesal civil.
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que –por sí solas– son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente), 9 (domicilio del demandante en asuntos en los que se convoca a la Nación), 10 (domicilio de las personas jurídicas de derecho público) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).
Y el fuero contractual atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.
...Para continuar leyendo
Solicita tu prueba