AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 107378 del 10-10-2019
| Sentido del fallo | RECHAZA TUTELA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | ATP1601-2019 |
| Número de expediente | T 107378 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Fecha | 10 Octubre 2019 |
Eyder Patiño Cabrera
Magistrado Ponente
ATP1601-2019
Radicación n.° 107378
Acta n° 267
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
ASUNTO
Sería del caso resolver la acción de tutela presentada por W. de J.M.R. contra los Juzgados 34 Penal Municipal con funciones de conocimiento y 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y la Sala Penal del Tribunal Superior, todos de Medellín, si no fuera porque se observa que la misma se ofrece temeraria.
ANTECEDENTES
- Hechos y fundamentos de la acción
1.1. De acuerdo con la información obrante en el expediente se tiene que el 17 de octubre de 2007[1] el Juzgado 34 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Medellín condenó a W. de J.M.R. a 192 meses de prisión por el delito de extorsión agravada. Asimismo, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
1.2. Contra esa determinación el defensor del procesado interpuso recurso de apelación y el 6 de marzo de 2008[2] la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad la confirmó parcialmente y la modificó «en el sentido de señalar que la condena contra W. de J.M.R. procede por el delito de extorsión simple, y no agravada» [Subrayas del texto original].
1.3. M.R. presentó acción de tutela contra los despachos judiciales mencionados ante la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, por haber modificado su pena en sede de segunda instancia sin hacer ninguna modificación en el quantum punitivo.
Indicó que solicitó a los despachos de conocimiento la redosificación de la pena, la cual han remitido al Juzgado que vigila su condena, quien a la vez señaló que no es competente para pronunciarse sobre esa temática.
Resaltó que esa circunstancia ha impedido que pueda acceder a beneficios y subrogados.
CONSIDERACIONES
- La temeridad en el uso del amparo
1.1. El artículo 86 de la Constitución Nacional, faculta a cualquier ciudadano para promover la defensa de sus garantías fundamentales mediante el empleo del recurso de amparo. Sin embargo, si se promueve un número plural de acciones de tutela, de manera paralela, concomitante o subsiguiente por una causa idéntica, prevalido de la circunstancia que dicho instrumento puede instaurarse ante cualquier Juez de la República, la actividad así desplegada resulta ser temeraria.
A este respecto, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, determina que «Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes» [negrilla fuera de texto].
La Corte Constitucional en relación con el tema, ha explicado (CC T–185–2013) que:
[…] la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) [i]dentidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones[3]”[4]; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda[5], vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista. La Sala resalta que la jurisprudencia constitucional precisó que el juez de amparo es el encargado de establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad[6]. En estos eventos funcionario judicial debe atender las siguientes reglas jurisprudenciales:
4.1.1.1. El juez puede considerar que una acción de amparo es temeraria siempre que considere que dicha actuación: “(i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones[7]; (ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable[8]; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción[9]; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia”[10].
1.2. Conforme a lo anterior, se advierte que en el presente caso se dan los presupuestos señalados por la jurisprudencia constitucional para la declaración de temeridad.
En efecto, la inconformidad vuelve a estar dirigida a cuestionar las actuaciones adelantadas por el Juzgado 34 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, dentro del proceso penal en el que el accionante resultó condenado a 192 meses por el delito de extorsión.
1.3. Sobre el particular, basta con citar los apartes pertinentes de los hechos expuestos en el fallo de tutela CSJ STP13580-2017, 31 ag. 2017, rad. 93767[11], así:
[…].Según se establece de la demanda y sus anexos, el 17 de octubre de 2007, el Juzgado 34 Penal Municipal de Medellín con Función de Conocimiento, condenó a W.D.J.M.R., a 192 meses de prisión como autor del delito de extorsión agravada. Apelada por la defensa esta determinación, el 6 de marzo de 2008 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, la modificó en el sentido de señalar que la condena procede por un delito de extorsión simple y no agravada, confirmó en todo lo demás.
El accionante acudió ante el juez constitucional en busca del amparo de su derecho al debido proceso. En su criterio, se estructuró un defecto fáctico, pues hay incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva de la sentencia de segunda instancia, toda vez que la pena debió ser reducida en virtud de la modificación efectuada. Por tal motivo, solicitó que se revise su caso y se rebaje su condena.
En dicha providencia esta Corporación negó el amparo tras advertir que el accionante incumplió los requisitos generales de procedibilidad [subsidiariedad e inmediatez], sumado a que tiene la posibilidad de promover la acción de revisión. Al respecto, indicó:
[…]Con todo, conforme a las previsiones del artículo 193 de la Ley 906 de 2004 no le corresponde al Juez Constitucional promover de manera oficiosa la acción de revisión. Lo anterior, si se tiene en cuenta que la titularidad para ejercerla recae en los sujetos procesales con interés y que hayan sido reconocidos en la actuación. Por ende, W.D.J.M.R. puede interponer por sí mismo la acción señalada si así lo estima pertinente.
Contra esa decisión el accionante no interpuso recurso de impugnación.
Resulta relevante precisar que, consultada la página web de la Corte Constitucional y el link correspondiente en la Secretaría General[12] se puede observar que dicho trámite constitucional fue radicado con el n.° T-6440255 y excluido de revisión por la Sala de Selección de esa Corporación mediante auto del 14 de noviembre de 2017.
1.4. Al contrastar el actual libelo demandatorio, con el contenido de los fallos de tutela dentro de la actuación constitucional donde figura W. de J.M.R. como demandante, se advierte que: (i) existe identidad de partes, esto es como accionadas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y los Juzgados 34 Penal Municipal y 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, juntos de esa ciudad; (ii) existe identidad de causa petendi, porque están fundamentadas en los mismos hechos y, finalmente, (iii) existe identidad de objeto, porque las demandas se promovieron con la finalidad de obtener la intervención del juez de amparo frente a las presuntas irregularidades acontecidas en desarrollo del proceso penal seguido en su contra por el delito de extorsión.
Nótese que en esta ocasión no se vislumbra acontecimiento o circunstancia sobreviniente que amerite un nuevo pronunciamiento del juez constitucional, pues si bien el actor ha...
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