de Corte Suprema de Justicia - nº de 11 de Septiembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 842143256

de Corte Suprema de Justicia - nº de 11 de Septiembre de 2019

Fecha de Resolución:11 de Septiembre de 2019
Número de Providencia:56096
 
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Eyder Patiño Cabrera

Magistrado Ponente

AP3853-2019

Radicación n.° 56096

Acta n.°233

Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

MOTIVO DE LA DECISIÓN

Se resuelve el impedimento manifestado por los doctores L.F.C.R. y J.E.C.J., en su condición de Magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Distrito Judicial de Barranquilla, quienes al amparo de la causal 6ª del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, se declararon impedidos para conocer del proceso penal seguido en contra de D.C. Donado M..

ANTECEDENTES

1. Según el escrito de acusación D.C.D.M., en su calidad de Juez 2° Civil del Circuito de Barranquilla, profirió varios proveídos dentro del proceso ejecutivo de mayor cuantía, radicado bajo el número único 08-001-31-03-002-2012-00-258-00, promovido por la razón social «Depósito Dental Universitario S.A.S.», contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom-, en los que, al parecer, se presentó múltiples falencias, lo cual dio lugar a una apropiación de dineros del Estado a favor de terceros.

2. El 29 de julio de 2014[1], la Fiscalía 7ª Delegada ante el Tribunal Superior de esa ciudad radicó escrito de acusación en contra de Donado M. por la comisión de los delitos de peculado por apropiación en favor de tercero y prevaricato por acción y omisión.

3. El 29 de abril de 2015[2], sin surtir la audiencia de formulación, la Fiscalía indicó que celebró preacuerdo con el procesado, relacionado con los punibles de prevaricato por acción y por omisión.

4. El 3 de junio siguiente[3] se adelantó audiencia para dar trámite a la verificación del preacuerdo, el cual fue aprobado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. En esa diligencia se rompió la unidad procesal, respecto del peculado por apropiación de terceros, radicación que siguió por el procedimiento ordinario.

5. El 25 del mismo mes y año[4], se leyó la sentencia de condena en contra de D.C. Donado M., imponiéndole como pena 45 meses de prisión, multa de 62,48 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 56 meses y 8 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones púbicas.

La representación de la víctima apeló y el 16 de agosto de 2017[5] la Corte [AP5286-2017] nulitó lo actuado a partir del auto de 3 de junio de 2015, en atención a que se otorgó una rebaja superior a la permitida, por cuanto el escrito de acusación se presentó antes de la suscripción del acta de preacuerdo.

6. Con motivo de la ruptura de la unidad procesal, la actuación referida por el peculado por apropiación en favor de terceros siguió con el radicado 08-001-60-01-257-2015-03688-00 (2015-000275), bajo las reglas del procedimiento ordinario.

El proceso por los prevaricatos quedó identificado con el número 08-00-16-00-1257-2013-05230-00 (2014-00246-00)[6].

7. Luego de la declaratoria de nulidad por parte de esta Corporación, esta última actuación continuó gestionándose por el rito ordinario, razón por la cual entre el 15 de febrero y 1° de marzo de 2018[7] se formuló acusación a D.C. Donado M. como autor del delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y heterogéneo de omisión.

8. La audiencia preparatoria se instaló el 21 de mayo de 2018 y continuó el 9 de julio de 2018[8], fecha en la que defensa técnica y acusado solicitaron la conexidad, cuya petición fue negada por la primera instancia.

Contra esa determinación el acusado y su defensor interpusieron recurso de apelación y mediante decisión AP1399-2019 del 10 de abril de 2019[9] la Sala de Casación Penal la revocó y, en su lugar, decretó la «conexidad de las actuaciones 08-001-60-1257-2013-05230-01(2014-00246-00) y 08-001-60-01257-2015-03688-00 (2015-00275)».

9. Unificada la actuación en un solo radicado, el 28 de mayo de 2019[10] los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, L.F.C.R. y J.E.C.J. se declararon impedidos, con fundamento en la causal consagrada en el numeral 6º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, para asumir la fase de juzgamiento adelantada en contra de D.C. Donado M..

Señalaron que en virtud del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado, profirieron sentencia condenatoria en contra de éste por los delitos de prevaricato por acción y por omisión, y si bien dicha negociación fue anulada por la Sala de Casación Penal, también lo es que en el fallo «hubo valoración de diversa índole, se puso de primera mano que el procesado aceptó responsabilidad por esos delitos que vienen en mención y, finalmente se le enrostró responsabilidad sin ninguna clase de matices».

Aseguraron que al margen del «fallido» preacuerdo, realizaron consideraciones de fondo sobre la ejecución de dichos punibles por parte del acusado y al tener que volver a conocer la causa por la presunta comisión de esos tipos penales y el de peculado por apropiación a favor de terceros, su criterio e imparcialidad se encuentra comprometido.

5. El 13 de agosto siguiente[11] los M..G.M.V.M. y D.C. de Á., junto al C..J.F.B.V. –quien salvó el voto-, manifestaron su desacuerdo con las razones expuestas por los doctores C.J. y C.R..

Tras hacer referencia a los fines del instituto del impedimento, su fundamento constitucional y el contenido del numeral 6º del art. 56 de la Ley 906 de 2004, señalaron que la jurisprudencia de la Corte tiene dicho que para que se configure la aludida causal la intervención previa del funcionario judicial debe ser esencial y no simplemente formal, que lo vincule con la actuación puesta bajo su consideración de modo que le impida actuar con rectitud.

Precisaron que si bien dichos funcionarios emitieron sentencia condenatoria en contra de D.C.D.M., en esa providencia no se realizó ningún análisis probatorio, tal como se debe efectuar en el trámite ordinario, por lo que estiman que no se encuentra perturbada su imparcialidad y ponderación.

Por tal razón, ordenaron la remisión de lo actuado a la Corte Suprema de Justicia para que decida el incidente.

CONSIDERACIONES

1. En virtud de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado por el precepto 82 de la Ley 1395 de 2010, a la Sala le asiste atribución para pronunciarse en relación con el impedimento propuesto por los Magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

2. Las instituciones del impedimento y las recusaciones fueron establecidas constitucional y legalmente con el fin de salvaguardar el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.

El derecho al juez imparcial estipulado en el canon 29 de la Constitución Política, se ha concebido como componente esencial del debido proceso, toda vez que ante la presencia de partes parciales se exige un tercero imparcial, principio de alcance general que tiene aplicación en todos los sistemas procesales[12].

Con el propósito de cumplir el referido postulado, se han instituido los mecanismos del impedimento y la recusación, en virtud de los cuales el funcionario judicial se debe separar del conocimiento de aquellos casos en donde por estar comprometido sus propios intereses o haber conocido el fondo del asunto, se desdibuja el fin de la recta administración de justicia.

En esa medida, la finalidad de los impedimentos y las recusaciones es garantizar, tanto a los asociados en general, como a los sujetos que están legitimados para actuar en un proceso, que la autoridad judicial llamada a resolver el conflicto jurídico sea ajeno a cualquier interés distinto al de administrar recta justicia, de manera que su imparcialidad y ponderación no estén alterados por circunstancias externas al proceso.

Es de anotar que en esta materia rige el principio de taxatividad, según el cual sólo constituye motivo de excusa o de recusación, aquel que de manera expresa esté señalado en la ley, por tanto, a los jueces les está vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales, mientras que a los sujetos procesales no les está permitido escoger a su arbitrio a su juzgador, de modo que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial, no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garantía en punto de la independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad...

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