Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº de 22 de Abril de 2010
| Número de expediente | 47627 |
| Fecha | 22 Abril 2010 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
-SALA DE DECISIÓN EN TUTELA-
Magistrado Ponente
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
Aprobado Acta No. 122
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil diez (2010)VISTOS
Conoce la Sala la acción de tutela ejercida por J.G.R.S., a nombre propio, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y a cuyo trámite se impuso la vinculación oficiosa de los Juzgados Primero Penal del Circuito y Séptimo Penal Municipal, ambos de la misma ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad e igualdad.
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Los hechos objeto del proceso penal fueron plasmados por el Tribunal Superior de Pereira[1], así:
"La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra J.G.R.S., manifestando que el Sr. R. laboraba como asesor comercial del hipercentro "Almacén Corona S.A." y que luego de efectuarse un seguimiento a las actividades de ese empleado se había descubierto que éste manipulaba compras, pedidos y órdenes de entrega, destruía facturas y creaba recibos falsos, con el fin de apropiarse de dineros de la empresa, que fueron cuantificados en la suma de $130.000.000."
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J.G.R.S. se allanó a los cargos de hurto agravado en concurso con falsedad en documento privado en audiencia de formulación de imputación celebrada el 10 de noviembre de 2009 ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de P..
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En el decurso de la audiencia de individualización de pena y sentencia celebrada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira el 10 de diciembre de 2009, la representante de la víctima solicitó la nulidad de la diligencia de aceptación de cargos alegando el no cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, petición que no fue admitida.
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Apelada tal determinación, la Sala Penal del Tribunal Superior de P. en proveído del 26 de febrero de 2010 resolvió decretar la nulidad a partir del momento en que el juez de garantías decidió la legalidad del allanamiento a cargos realizado por el señor J.G.R.S..
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Inconforme con tal determinación J.G.R. acudió a la acción de tutela en procura de protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad e igualdad, los cuales considera trasgredidos con la nulidad decretada al impedírsele con ella acceder a la rebaja de pena de hasta el 50% prevista en el artículo 351 de la Ley 906...
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